Marco legal

Comienza la transposición de directivas comunitarias que refuerzan la solvencia de las entidades financieras

  Redacción / 11 de febrero de 2020

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a consulta pública la transposición de la Quinta Directiva de Requisitos de Capital (CRD V) y la Segunda Directiva de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión (BRDDII), incluidas en el denominado “Paquete Bancario”. Asimismo, se inicia la transposición de la Directiva relativa a la supervisión prudencial de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI).

Según informa el Ministero, en esta primea fase se recabará la opinión de la sociedad, directamente o a través de las organizaciones representativas de los sectores implicados, sobre el conjunto de opciones nacionales de transposición previstas en cada Directiva.

Las normas del “Paquete Bancario”, aprobadas por la Unión Europea en mayo de 2019 incorporan a la normativa comunitaria los acuerdos alcanzados a nivel internacional sobre requisitos de capital en el Comité de Basilea (Basilea III) y sobre la capacidad de absorción de pérdidas en el Consejo de Estabilidad Financiera del G-20.

La Directiva CDR V incorpora los requisitos de solvencia y capital establecidos en las últimas reformas del llamado Acuerdo de Basilea III. Para su transposición al ordenamiento jurídico español en la fase de consulta pública se recabará la opinión de la sociedad sobre un conjunto de opciones nacionales de transposición. Estas opciones hacen referencia a la reglas de remuneración del personal directivo de las entidades y su aplicación proporcional en función del tamaño de la entidad.

La Directiva BRRDII incorpora a la normativa comunitaria las reformas acordadas a nivel internacional por el Consejo de Estabilidad Financiera del G-20. Las opciones planteadas sobre las que se consulta en esta primera fase hacen referencia a la determinación de la cuantía a la que deberían tener acceso los ciudadanos y empresas en caso de suspensión de las obligaciones de pago de depósitos y la posibilidad de ampliar la protección de los clientes minoristas en la comercialización de instrumentos financieros admisibles para la recapitalización de las entidades tras la resolución.