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El Colegio de Alicante reflexiona sobre el tratamiento discriminatorio en los seguros a personas

  Redacción / 05 de febrero de 2021

  • La legislación es contundente y dicta que no puede haber discriminación por discapacidad o enfermedades

  • Los agentes y corredores profesionales tienen la obligación legal de informar con transparencia y veracidad

  • El Colegio de Alicante va a editar una guía en la que abordará este problema de cumplimiento legal y su tratamiento

El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante junto a ASUFIN y Pulso Legal han ofrecido una jornada sobre el Tratamiento de la Discriminación en los Seguros a personas que ha ofrecido reflexiones muy valiosas para el sector asegurador, compañías, agentes, corredores y consumidores con opiniones argumentadas, interesadas y enfocadas principalmente al bienestar del consumidor.

El encuentro, que ha congregado a un centenar de personas,  fue inaugurado por D. José Vicente Soler Gironés, Director General de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana quien ha recordado la importancia de contar con elementos de resolución de conflictos a la hora de reclamar ante los seguros.

El abogado Gonzalo Iturmendi ha expuesto con argumentos legales y basándose en la DDHH y en la Constitución, que no puede haber discriminación a la hora de contratar seguros por motivos de discapacidad, enfermedad o genéticos. Por su parte, el abogado Arcadio García Montoro ha recalcado el riesgo que puede tener el incumplimiento de la Ley y la vulneración de Derechos Fundamentales para los Consejos de Administración de acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

El actuario de Seguros Emilio Fiances ha apuntado que la base del cálculo de riesgos y primas está en la “discriminación técnica”; una discriminación que nos dice que no es lo mismo a la hora de contratar un seguro de autos calcular la prima para un joven de 20 años o para un conductor de 40 años sin historial de accidentes.

No obstante, en la raíz del seguro está la mutualización de riesgos y si la Ley obliga a no discriminar es algo que el actuario debe respetar en todo caso, pero su labor está condicionada por los departamentos jurídicos que son quienes pueden limitar esa “discriminación técnica” aludida.

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, ha informado que existe interés desde organizaciones europeas de enfermos de Cáncer acerca del nivel de cumplimiento legal en España por parte del Seguro ya que existe el conocimiento de prácticas discriminatorias . Desde las organizaciones de consumidores el compromiso es combatir el abuso y, en especial, cuando conduzca a una exclusión de personas vulnerables.

Sin embargo, la realidad del mercado choca con esta prohibición legal. Florentino Pastor, presidente del colegio profesional de mediadores de seguros de Alicante, ha alertado de que casi 2.6 millones de personas son discriminadas, excluidas del seguro de vida, médico, de accidentes, de dependencia o decesos por estos motivos ya que los propios cuestionarios a la hora de acceder a una póliza desacatan la Ley y ha indicado la dificultad en la que se encuentran los profesionales para dar una respuesta eficaz a la situación.

Los agentes y corredores profesionales tienen la obligación legal de informar con transparencia y veracidad y, llegado el caso, reclamar el cumplimiento de la ley defendiendo al consumidor. Se ha reclamado sensibilidad y cumplimiento de la Ley a las compañías, además de que se trata de una oportunidad de mercado que el sector debería explorar.

El ponente Carlos Lluch ha expresado que el corredor profesional que se debe al consumidor no está al servicio de las compañías y su obligación es ayudar siempre al consumidor para que no se produzcan situaciones abusivas. Asimismo que la Legislación vigente prohíbe tanto negar la cobertura como hacerlo en condiciones o precio distinto al de un usuario estándar.

El presidente del Colegio de Alicante ha anunciado que la próxima edición se recopilará en una guía la legislación y casuística en materia de discriminación por discapacidad o enfermedad al objeto de que oriente al mediador y transmita una información transparente y veraz a los consumidores.