Sistema de pensiones

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Los jubilados reciben de media un 51% más de lo que deberían percibir del sistema contributivo

  Redacción / 1 de septiembre de 2020

El pensionista español recibe más de lo que ha aportado en su vida laboral. Es una de las conclusiones del informe “Factor de Equidad Actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación español presentado el Instituto de Actuarios Españoles (IAE). Así es como está organizada la arquitectura actual del sistema contributivo de pensiones de jubilación en España, lo que implica que las pensiones se financian a través de impuestos o más deuda pública. También muestra importantes inequidades a la hora de comparar los distintos casos que se presentan de pensionistas que se han jubilado a una determinada edad según sus años cotizados ya que no existe un criterio equitativo para adelantar o retrasar la edad de jubilación.

“El estudio se ha llevado a cabo con el objetivo de analizar la relación entre las cotizaciones realizadas por un individuo y las prestaciones que recibe como pensión de jubilación en su parte contributiva, facilitando información exacta y veraz tanto a los ciudadanos como a las autoridades que tienen que tomar decisiones en la materia”, explica Gregorio Gil de Rozas, Actuario Colegiado, vocal de la Junta de Gobierno del IAE y responsable de Pensiones del IAE. Este estudio se lanza justo en el momento en el que se encuentran rediseñando los Acuerdos del Pacto de Toledo para sacar adelante la tan ansiada reforma de las pensiones.

Inequidades del sistema

El informe del IAE muestra que el sistema presenta también inequidades difíciles de entender. Por ejemplo, este año, una persona que acumulase 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse a dicha edad. Sin embargo, si decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, acumulando 42 cotizados, se beneficiaría de un premio del 4% por cada año de demora. Una persona con 65 años y 37 años cotizados que decidiese seguir trabajando un año más que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acumulando 42 cotizados, sólo recibiría un premio del 2,75% por cada año demorado.

Nos encontramos, pues, con que el premio recibido por retirarse un año más tarde, incluso aunque, como en este ejemplo, los años cotizados resultantes fuesen los mismos (42), sería inferior al premio de quien se jubiló con un año menos. El modelo presenta, por tanto, inequidades, lleva a arbitrajes y se está poniendo en peligro a sí mismo.

Como explica Enrique Devesa, Actuario Colegiado y coordinador técnico del Estudio, “como norma general, se aprecia que los mayores valores del FdEA se alcanzan para edades de jubilación intermedias, entre los 65 y 67 años, y con un número bajo de años cotizados, entre 33 y 37. Esto parece indicar que no existen incentivos suficientes para adelantar ni para retrasar la edad de jubilación, lo que se traduce en que las penalizaciones por adelantarla y las bonificaciones por retrasarla están mal calibradas. Tampoco parece haber demasiados incentivos para aumentar el número de años cotizados”.

El camino hacia la solución

Se podrían resolver las inequidades que presenta el sistema contributivo de pensiones y conseguir una relación más equitativa entre aportaciones y prestaciones actuando sobre tres elementos:

  • El tope del 100% del coeficiente por años cotizados
  • Las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación
  • Las bajas bonificaciones por retrasar la edad de jubilación

Con esto, y haciendo que, al menos, la escala por años cotizados respondiera a un cálculo actuarial y sin el límite superior del 100% -si bien sería lógico que el tope de la pensión máxima siguiera funcionando-, se podría mantener el sistema actual.

Respecto a la edad de jubilación, bastaría con que las penalizaciones y bonificaciones por jubilación a edades distintas de la ordinaria se calcularan de forma actuarialmente neutral -excepto por género- sin hacerlas depender de los años cotizados.

El informe del IAE indica que hay margen de mejora para calibrar el sistema y hacerlo más equitativo. Para ello, en materia de pensiones, los poderes públicos y legislativos deberían tomar dos decisiones estratégicas:

  1. Si existe la posibilidad de que la economía crezca por encima del 1,59%, el sistema mejoraría su sostenibilidad sin empeorar la suficiencia. Para ello, habría que detallar las medidas que se van a tomar para conseguir un mayor crecimiento del PIB. El valor real del PIB que permitiría obtener la equidad actuarial en el sistema de pensiones es del 5,67% durante los próximos 40 años, cifra muy superior a todas las previsiones realizadas por las distintas instituciones sobre el crecimiento de nuestra economía. También se puede alcanzar un FdEA más bajo, incrementando el tipo de cotización, si bien es conocido el problema que esto podría trasladar al mercado laboral.
  2. La segunda decisión afecta a las inequidades del sistema y su nivel. Por ello, sería necesario acordar el patrón lógico que debe seguir el sistema de pensiones a la hora de incentivar o desincentivar las jubilaciones en función de la edad biológica y los años cotizados al sistema, cómo queremos que el sistema “fluya” y posteriormente acordar cuáles son las irregularidades o rugosidades dentro de ese patrón que se consideran justas y/o necesarias y/o aceptables.

El análisis del IAE concluye que el conjunto de estas dos decisiones permitirá a todos los agentes relacionados juzgar la política de pensiones desde parámetros mensurables y estimaciones de impacto que pueden contrastarse con la realidad año a año, para así observar en qué medida el sistema responde a lo esperado de él o se desvía.

Desde el organismo, tras evaluar los resultados del informe, se concluye que el sistema contributivo de pensiones, adaptado a los retos y necesidades actuales, debe garantizar que trabajar más tiene premio y trabajar menos supone un coste. Un sistema que hace lo contrario se está poniendo en peligro a sí mismo pues, en un marco incuestionado de desplazamiento de la longevidad de las personas, está provocando una tensión innecesaria en el sistema por la vía de acortar las carreras laborales y alargar las carreras pensionadas.