Normativa

Willis Towers Watson analiza los cambios que propone el Pacto de Toledo sobre las pensiones

  • El Pacto de Toledo traslada al Gobierno toda la presión para hacer sostenible el sistema de pensiones

  Redacción / 18 de noviembre de 2020

El informe aprobado recientemente por mayoría en el Pacto de Toledo apenas aporta cambios significativos en cuanto a la sostenibilidad de las pensiones, sino más bien al contrario, dado el aumento de gastos que parece desprenderse del mismo, así como por la profundización de ciertas inequidades. Así lo confirma el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura.

Como explica Rafael Villanueva, Manager de Retirement de Willis Towers Watson, “La ‘solución’ que propone la Comisión para solventar los problemas financieros de la Seguridad Social es traspasar al Estado parte del gasto que hasta ahora se pagaba con cotizaciones para que se financie con impuestos o deuda, utilizando el muy discutible argumento de los gastos impropios. Este traslado de gastos de la Seguridad Social al Estado no resuelve el problema, solo lo cambia de lugar, manteniendo intacto el problema de la insostenibilidad de las finanzas públicas en su conjunto. No podemos aplazar más tiempo la solución a este problema.”.

Los expertos del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson insisten en que la solución de los problemas de sostenibilidad de un pilar tan importante de nuestro Estado de Bienestar no puede basarse en un cambio de denominación de determinados gastos. Uno de los puntos clave analizados está en la separación de las fuentes de financiación, tiene la consideración de cargas impropias del sistema y, por ello, no deben financiarse con cotizaciones.

Estos gastos pasan así a la categoría de prestaciones no contributivas o asistenciales y por este motivo deben financiarse con cargo a los presupuestos generales del Estado. Para el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, muchos de estos traslados de gastos son discutibles y, en puridad, muchos de ellos podrían ser considerados contributivos porque para poder acceder a ellos es condición necesaria haber cotizado al sistema y, en muchos casos, el importe de dichas prestaciones depende de cuánto se haya cotizado.

La recomendación del informe de la Comisión del Pacto de Toledo que tiene una mayor implicación en el aumento del gasto y, por tanto, en la sostenibilidad del sistema es la revalorización de las pensiones con el IPC real -incluso se expone la posibilidad de aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas-, en lugar de hacerlo con el Índice de Revalorización de las Pensiones, según lo aprobado en la Reforma de 2013.

Como expone Villanueva, “Si la revalorización con el IPC no se acompaña de otras medidas que permitan aumentar los ingresos estamos en riesgo de que el sistema tenga un déficit contributivo permanente”.

El gasto aumenta, pero sin valoraciones de su impacto económico

Para Willis Towers Watson es especialmente preocupante que, a lo largo de todo el informe de la Comisión del Pacto de Toledo, se repite un mismo factor: no hay ninguna valoración de las implicaciones económicas que puede tener la aplicación de las distintas medidas que se proponen. Sin un informe económico de las medidas propuestas es muy difícil opinar sobre su viabilidad.

Una de las novedades importantes del último informe, y que atañe directamente a este aumento del gasto sin ir acompañada de una previsión de su impacto económico, es que la Comisión considera que el sistema debe contemplar la posibilidad de que determinados colectivos de trabajadores puedan elegir los años de su carrera de cotización que le sean más favorables en la determinación de la base reguladora de su pensión.

Esto, de entrada, sería contrario a la contributividad -que se encuentra entre las propias recomendaciones del Pacto (Recomendación 11: mantener una relación equilibrada entre el importe de la prestación y el esfuerzo de cotización)- y a la equidad global del sistema al permitir que un mismo esfuerzo global de cotización diera lugar a pensiones distintas por el reparto desigual de dichas cotizaciones, favoreciendo a determinados grupos o colectivos y no a todos los futuros pensionistas. De forma similar se podría argumentar en cuanto a la posibilidad de mejorar los coeficientes reductores de determinados colectivos que se jubilen anticipadamente.

Otro punto que puede generar graves inequidades es que la Comisión reconoce la necesidad de hacer una reforma integral de la viudedad que debe ir encaminada a acomodar la configuración de esta prestación a las nuevas realidades sociales y familiares. Sin embargo, parece que las indicaciones van en el sentido de aumentar el gasto y no de pasar a un sistema que solo concediera rentas vitalicias a determinados beneficiarios, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Como apunta Rafael Villanueva “Desde Willis Towers Watson volvemos a incidir en la necesidad de abordar una verdadera reforma estructural de las pensiones, dado que reformas parciales basadas en cambios paramétricos no permiten abordar el verdadero reto, principalmente demográfico, al que se enfrenta la Seguridad Social española, ni dota al sistema de un mayor componente de equidad actuarial y transparencia. La reforma en el sistema público de pensiones, primer pilar de la previsión, debe ir acompañada de un verdadero compromiso por impulsar la previsión complementaria, especialmente en el ámbito de la empresa, su segundo pilar«.