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«Las tendencias demográficas hacen necesarias nuevas medidas para reforzar la posición financiera del sistema de pensiones» 

  • Óscar Arce, Director General de Economía y Estadística del Banco de España, reflexiona sobre la situación económica española en un webinar de la Fundación Edad&Vida: “COVID-19: Perspectivas económicas y sostenibilidad del estado del bienestar”

  Redacción / 22 de septiembre de 2020

La Fundación Edad&Vida, entidad dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, celebró el pasado lunes 21 de septiembre un webinar con Óscar Arce, Director General de Economía y Estadística del Banco de España, para analizar la situación económica actual y el futuro del estado del bienestar, con particular incidencia en la sostenibilidad del sistema de pensiones, en un contexto especialmente marcado por la COVID-19.

Presentado por Joaquim Borràs, presidente de Edad&Vida, bajo el título “COVID-19: Perspectivas económicas y sostenibilidad del estado del bienestar”, el Arce expuso las principales claves macroeconómicas de nuestro país en el entorno actual, centrándose en los retos del sistema público de pensiones y en algunas de las posibles vías para una eventual reforma. Tal como comentó, este año se va a producir una contracción económica muy importante a causa de la COVID-19, y para 2022 España no habrá recuperado el PIB previo a la pandemia.

Sin recuperación hasta 2022

Según Arce, actualmente nos encontramos “en un entorno con un elevado grado de incertidumbre en el plano sanitario y económico”, debido a los riesgos de la evolución epidemiológica y a otros factores del entorno exterior, por lo que la normalización del nivel de actividad será incompleta hasta entrado 2022. “Un escenario adverso con un paro en el entorno del 20% y un déficit público por encima del 10%, que llevará varios años reconducir”, ha explicado. Por este motivo, “las tendencias demográficas hacen necesarias nuevas medidas para reforzar la posición financiera a largo plazo del sistema de pensiones, con acuerdos amplios y estables que garanticen también su viabilidad social”.

Durante su intervención, Arce subrayó los grandes retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones: la crisis demográfica, que seguirá presionando nuestro sistema de pensiones y el aumento de la tasa de dependencia, debido al incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los baby boomers, hecho que continuará presionando al alza el gasto en pensiones durante los próximos años.

Para hacer frente a esta realidad, en 2011 y 2013 se aprobaron diferentes reformas del sistema de pensiones. Pero la suspensión de la aplicación de la reforma de 2013 hace necesario introducir nuevas medidas que refuercen la posición financiera del sistema a medio y largo plazo. “Las cotizaciones han mantenido un peso sostenido a lo largo de los años, pero el gasto en pensiones contributivas ha pasado del 6,9% del PIB en 2007 al 10,3% en 2019”, justifica Arce.

Además, la tasa de dependencia ha aumentado en los últimos años y las nuevas altas en jubilación son más elevadas que las preexistentes, dos factores estructurales que seguirán en las próximas décadas. En cuanto a la tasa de dependencia, las previsiones apuntan a que pase del 30% actual hasta una horquilla del 50-70% en 2050. Por ello, para Arce es “absolutamente necesaria una mejora en la tasa de empleo, pero solo compensaría parcialmente la presión demográfica, aún en escenarios optimistasUna tasa de empleo del 80% en el año 2050 (respecto al 60% en 2019) reduciría el aumento del gasto en pensiones debido al factor demográfico entre un 50 y un 73% (entre un 29% y un 42% si la tasa de empleo en treinta años se situara en el 70%)”.

Reforma del sistema público de pensiones

Ante una eventual reforma del sistema público de pensiones, Arce destaca algunos aspectos a tener en cuenta, una vez incorporadas las preferencias sociales:

  • mecanismos automáticos de sostenibilidad financiera
  • la contributividad
  • predictabilidad y transparencia
  • conjugar de manera equilibrada los intereses de los beneficiarios actuales y futuros.

Una alternativa que se está barajando es ajustar la edad de jubilación, que actualmente está en 64,5 años en términos efectivos. Según la AIReF, cada año de retraso en la edad efectiva de jubilación reduciría el gasto en pensiones entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB en 2.048. Pero Arce ya ha comentado que en estos momentos “no se ofrecen incentivos para estar en el mercado laboral más allá de los 65 años”.

Otras opciones que se barajan son alargar los años de cálculo de la base regulatoria, lo que provocaría en general una reducción en la pensión media; eliminar el tope máximo de cotización; o llevar a cabo un incremento de la imposición, pero los impuestos generales podrían afectar al conjunto de la población y a los mismos pensionistas.

Además, cabe tener en cuenta que, en España, antes de la crisis económica generada por la COVID-19, en el año 2017 solo en un 23% de los hogares alguno de sus miembros poseía un plan de pensiones individual, seis puntos menos que la media del Eurosistema. Tal como se expuso durante el webinar, los hogares españoles dan un mayor peso a los activos inmobiliarios, respecto a otros productos financieros, también en la etapa de jubilación.

En definitiva, Óscar Arce destaca los retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones, poniendo de relieve la necesidad de estudiar reformas y favorecer, entre otros aspectos, productos financieros responsables y competitivos para que los mayores que así lo deseen puedan complementar –no sustituir- su pensión y mantener su nivel de vida en todo momento. “Los incentivos ficales son una herramienta legítima, pero los productos financieros deben ser atractivos y fiables”.